Contribuye al proceso de reconstrucción de un marco institucional en el poder judicial peruano que fortalezca su independencia orgánica y eficiencia funcional, mediante la formulación y difusión de un conjunto de propuestas legislativas y de política jurisdiccional destinadas a superar los problemas de interferencia política, falta de credibilidad y vulneración de los derechos de los magistrados, que tanto han aquejado al sistema judicial durante los últimos años.