Plantea la posibilidad de establecer cobros por los servicios de salud que se ofrecen en los establecimientos de salud del MINSA a los grupos con capacidad de pago. La implementación de dicha política depende de supuestos acerca de la elasticidad de la demanda, y la capacidad del sistema de identificación del nivel socio-económico de los individuos. El análisis empírico que se presenta muestra que, efectivamente, la utilización de los servicios públicos de salud en el Perú está relativamente concentrados en los económicamente más favorecidos, y esta característica está al menos parcialmente explicada por la desigualdad en la distribución geográfica de la infraestructura de salud. Sin embargo, el análisis econométrico sugiere que las características de la demanda no justifican tal política. Las elasticidades precio de la demanda por los servicios de salud en establecimientos públicos serían mayores entre los de mayor nivel socio-económico. (NSE) En tal sentido, una política que eleve las tarifas que se cobran a los individuos de mayores recursos en los establecimientos públicos llevaría a un desplazamiento de esa demanda hacia las alternativas privadas, y no a que los establecimientos de salud recuperen parte de sus costos.