Propone políticas de regulación y concesiones para el periodo 2006-2011 en tres áreas clave: marco regulatorio; tarifas; y participación privada en el desarrollo de infraestructura. Con respecto al marco legal e institucional, los autores plantean crear salas especializadas en la judicatura; fortalecer los organismos reguladores; establecer contratos de explotación con las empresas públicas; zanjar los conflictos de competencia entre reguladores y gobiernos regionales; evitar el criterio de la retribución al Estado en la selección del concesionario; e introducir metas de cobertura y calidad en los contratos. Además, propone vincular los incrementos de tarifas al cumplimiento de metas de cobertura y calidad, sincerar los precios antes de concesionar algún servicio, especificar la metodología de fijación de tarifas con anticipación, otorgar carácter mandatario en este tema a la Sunass e incrementar la transparencia de los procesos de fijación de tarifas. En materia de participación privada, el estudio plantea reforzar las asociaciones público-privadas para enfrentar el gran déficit de infraestructura.