Desde que el Estado aprobó la Ley de {scriptl}reas Naturales Protegidas en 1997 se inició una nueva etapa en la historia de la conservación voluntaria en el Perú. Por primera vez, el Estado incluyó una figura legal, denominada {scriptl}rea de Conservación Privada, que le permitía reconocer los esfuerzos de ciudadanos comprometidos a aportar un grano de arena a la conservación de nuestro patrimonio natural. Cuatro años más tarde llegaría el Reglamento de la Ley de {scriptl}reas Naturales Protegidas y con ello, quedó más claro el proceso que debía seguir cualquier individuo, comunidad u organización propietaria de un predio con valores para la conservación, para que sea reconocida como un {scriptl}rea Natural Protegida. Poco a poco, se fueron dando nuevas regulaciones que terminaron de dibujar el marco legal, mientras el Estado a través del Ministerio de Agricultura y luego mediante el Ministerio del Ambiente (MINAM), fueron reconociendo {scriptl}reas de Conservación Privada (ACP) en todo el país. En la actualidad se han reconocido 71 ACP, que contribuyen a la protección de 259 455.72 hectáreas1 y de esta forma comple- mentan las más de 19 millones de hectáreas que conforman el Sistema Nacional de {scriptl}reas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE). Pero el aporte de estas áreas a las estrategias de conservación no se da únicamente por la extensión de las mismas o por las especies específicas que ayudan a proteger, sino porque muestran que los ciudadanos comprometidos con la conservación de sitios, especies, recursos y paisajes pueden hacer una gran diferencia